Por: EFE
Bogotá, Colombia; 28 de abril.- La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes una medida de arresto de hasta cinco días contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La petición surge tras considerar que el exfuncionario desobedeció de manera deliberada las órdenes judiciales que le exigían comparecer de forma presencial a las audiencias del proceso que enfrenta por presunta corrupción.
Argumentos del desacato
Durante una audiencia virtual celebrada este lunes, la fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó formalmente al juez del caso la sanción, argumentando que Petro Burgos faltó a sus obligaciones legales. El hijo del mandatario está acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos presuntamente cometidos durante su gestión como diputado de la Asamblea del Atlántico entre 2020 y 2023.
”Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales”, sentenció la fiscal ante el juzgado.
Cuestionan inasistencias por presuntas vacaciones
La representación del ente acusador señaló que Petro Burgos no asistió a las diligencias programadas para el 4 y 5 de noviembre de 2025, así como a sesiones posteriores, bajo el argumento de tener “dificultades para desplazarse”.
Sin embargo, la fiscalía presentó información que contradice dicha versión. Según Laborde, existen registros que indican que, durante el mismo periodo de las audiencias, el acusado habría estado de vacaciones en las ciudades de Santa Marta y Cartagena. Para la Fiscalía, este hecho evidencia una falta de voluntad para cumplir con los requerimientos del tribunal y un uso injustificado de excusas para evadir la presencialidad.
Etapas del proceso
El juez a cargo del caso deberá definir en los próximos días si procede la medida de arresto solicitada. Se ha programado una nueva jornada de audiencias para los días 7 y 8 de mayo, las cuales, a pesar de estar planteadas inicialmente como virtuales, cuentan con una petición formal de la Fiscalía para que se realicen bajo la modalidad presencial obligatoria.
El proceso investiga el presunto direccionamiento de contratos y la apropiación indebida de aproximadamente 111 millones de pesos (unos 29,000 dólares), un caso que mantiene la atención pública sobre el entorno familiar de la Presidencia de la República.